Imputado en caso Odebrecht se niega a entregar documentos

|


20180904 111100

Santo Domingo. El principal imputado en el caso de sobornos pagados por Odebrecht en la República Dominicana, Angel Rondón, notificó mediante acto de alguacil a la organización no partidista Participación Ciudadana, su negativa a que el juez del juicio preliminar, Francisco Ortega Polanco, les entregue las copias de los escritos de contestación de la acusación que le formuló el Ministerio.


Rondón también hizo igual notificación al abogado y dirigente de Participación Ciudadana Francisco Alvarez Valdez, en el entendido de que eso podría ser utilizado para presionar desde la sociedad civil.

Los abogados de Rondón dicen en su explicación de la negativa a la entrega de los documentos que siempre han estado de acuerdo con la ventilación pública del proceso, pero que “en esta ocasión lo hacemos con el propósito de que la opinión pública conozca nuestro punto de vista y pueda, en consecuencia, formarse un criterio equilibrado y objetivo, de tal manera que no prevalezca el populismo penal, el cual consiste en una visión sesgada, que socava y corroe la vigencia del estado de derecho que rige en el sistema democrático de la República Dominicana”.

Participación Ciudadana solicitó por escrito a Francisco Ortega Polanco la entrega de los documentos de los imputados, pero Ortega Polanco notificó esa solicitud a cada una de las partes del proceso. Angel Rondón es el primero que manifiesta públicamente su negativa a que esos documentos sean entregados a Participación Ciudadana.

Esta entidad tiene como principal propósito el seguimiento de los casos de corrupción, y en ese sentido es oficialmente el capitulo dominicano de Transparencia Internacional.

El acto de alguacil es el número 396/2018, del 3 de septiembre, y está firmado por el alguacil de estrado Allinton R. Suero Turbí, y contiene un adicional de 9 páginas firmado por los abogados de Angel Rondón en el proceso Odebrecht, que son los señores José Miguel Minier Almonte, José De los Santos Hiciano, Guillermo García Cabrera, Emery Colomby Rodríguez Mateo e Ignatz Freund Madera.

Explican que Rondón ha puesto en manos de las autoridades todos los documentos en su poder, incluyendo 5 carpetas con datos de su comportamiento personal como representante comercial de Odebrecht en el país. Esos documentos servirán para su propia defensa, dicen los abogados. Dicen que también entregaron sus escritos de defensa a los miembros de los medios de comunicación, así como a organizaciones como FINJUS, Participación Ciudadana, Gaceta Judicial, ADOCO, lo cual se hizo el 18 de julio pasado.

Sin embargo, quieren dejar claro que ni Francisco Alvarez Valdez ni Participación Ciudadana son parte del proceso penal, por lo que no es posible presumir el interés que pudieran tener al solicitar los documentos formalmente, vía el tribunal. Y piden que Participación explique cuál es el propósito que tienen al solicitar los documentos, porque ese proceso penal le es extraño. Le recuerdan al juez Francisco Ortega que él tiene la responsabilidad de cuidar el proceso penal de cualquier riesgo de contaminación, “proveniente ya sea del populismo, del injerencismo foráneo o de la presión mediática interesada. No es la primera vez que la presión mediática se convierte en un elemento perturbador de la justicia penal”.

Rondón y sus abogados formulan numerosas preguntas sobre las intenciones de Participación Ciudadana al dar seguimiento detallado al proceso, y duda si lo hace para presionar al tribunal. Se pronta si PC quiere inducir al sistema judicial a producir condenas indiscriminadas en contra de los encartados, con el único propósito de satisfacer intereses latentes que actúan a la sombra , sin importarles que se observe o nos el mandato de la Constitución, de las leyes y los tratados internacionales, que condicional la posibilidad de sancionar penalmente a los ciudadanos.

Observan los abogados de Rondón que el Procurador General de la República le pidió a la sociedad civil observar el proceso penal del caso Odebrecht, como forma de fortalecer su caso contra los imputados. “¿Esa exhortación del Procurador, fue lo que motivó a Participación Ciudadana, a nombrar al licenciado Francisco Alvarez Valdez, como una especie de miembro ad-hoc del Consejo del Poder Judicial, para fiscalizar las actuaciones del magistrado Francisco Ortega Polanco?”

Dicen los abogados de Rondón que no han visto los planteamientos de Participación Ciudadana sobre la grave y amenazante situación del poder judicial, como es la suspensión indiscriminada de jueces sin disfrute de sueldo, sin juicio previo y sin reglas claras del debido proceso en materia disciplinaria.

Y se preguntan por los los criterios de Participación Ciudadana ante el peligro que representa que “agencias de otro país extranjero mantengan contra los jueces una política abierta de hostigamiento y presión, tanto en lo personal como en lo familiar, con el propósito claro de limitar su independencia”.

Concluyen diciendo que en principio no se oponen a que se le entregue los documentos a Participación Ciudadana, sin embargo, solicitan el juez proceda a investigar la procedencia de tan inusual petición, partiendo del hecho de que en el caso no es aplicable el principio de justicia rogada, porque el solicitante de la información no forma parte del proceso.

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.