Argentina: llega al Senado emergencia alimentaria para enfrentar situación económica y social

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SANTO DOMINGO. El Senado  sancionó la ley de emergencia alimentaria en una sesión especial que nadie quería celebrar, pero que, ante los hechos consumados, tuvo como telón de fondo un acuerdo político entre todas las bancadas para evitar discursos polémicos y altisonantes que puedan exacerbar a los movimientos sociales que vienen ganando la calle en las últimas semanas.


Tal como ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada, el proyecto será respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, por lo que se espera que sea sancionado por unanimidad.


“Consideramos que la política alimentaria del Gobierno está bien implementada en la actualidad, en coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios, pero si alguien cree que se puede hacer algo más, no nos vamos a oponer”, explicó a LA NACION el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital). El legislador macrista fue uno de los responsables de coordinar con los jefes de las principales bancadas opositoras, el cordobés Carlo Caserio (Justicialista) y el neuquino Marcelo Fuentes (FPV), la rápida conversión del proyecto en ley para tratar de quitar el tema de la agenda lo más rápido posible.


De hecho, la sesión especial de esta tarde fue pedida por senadores de Cambiemos el jueves pasado, al día siguiente de que la emergencia alimentaria fuera aprobada en la Cámara de Diputados. La iniciativa aprobada por la Cámara baja extiende la emergencia, en vigencia desde 2002, hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece un incremento mínimo del 50% de las partidas correspondientes a planes alimentarios y de nutrición contempladas en el presupuesto vigente.


Según cifras de un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento en un 50% de esas partidas podría llegar a los $10.000 millones si se toma como base el presupuesto alimentario ejecutado hasta el 31 de agosto último.


Si el cálculo se hace sobre los montos presupuestados y aún no ejecutados, los fondos que deberán reasignarse ascenderían a algo más de $4000 millones. El texto faculta al Poder Ejecutivo a realizar reasignación de partidas, pero también habilita la posibilidad de una ampliación presupuestaria, lo cual implicaría un incremento del gasto público.


Más allá de los discursos públicos, el debate de la emergencia alimentaria se convirtió en un tema incómodo para todos los sectores políticos del Congreso, pero en particular para el peronismo en el Senado.


Hasta que el bloque kirchnerista empezó a agitar el tema en la Cámara baja, el acuerdo entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el bloque peronista que conduce el cordobés Caserio implicaba eludir las sesiones hasta después de la elección de octubre. La razón: evitar cualquier tipo de desborde que pudiera perjudicar la marcha triunfal del PJ hacia la Casa Rosada.


Sin embargo, el tema tomó vida propia con el accionar de grupos piqueteros en las calles y tornó imposible detener el trámite legislativo de un proyecto que había sido pensado para azuzar al Gobierno.

“Esto lo impulsaron los sectores más duros del kirchnerismo con los movimientos sociales; una vez que arrancó, ya no lo pudieron parar”, se lamentó ante este diario un senador peronista con terminal en las oficinas de Fernández en la calle México.

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