​Cables de diplomáticos revelan división sobre inmigración

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SANTO DOMINGO. Embajadores estadounidenses en El Salvador, Honduras y Haití enviaron cables urgentes a la Casa Blanca durante los primeros días de la presidencia de Donald Trump exhortando a abandonar los planes de envío de cientos de miles de migrantes de regreso a sus países.


Los cables, que fueron dados a conocer el jueves, subrayan la división entre diplomáticos de carrera y un nuevo gobierno ansioso por hacer aprobar políticas de inmigración más severas incluso si repercuten en la contienda presidencial de 2020. Ante desafíos legales, el gobierno de Trump después dio marcha atrás y el mes pasado extendió las protecciones por al menos un año mientras las cortes federales resolvían las disputas.


Los memos internos del Departamento de Estado forman parte de un informe de los senadores demócratas que pone en evidencia la alarma de los diplomáticos ante la decisión de 2017 de Washington de poner fin a las protecciones para cerca de 400.000 centroamericanos y haitianos que radican en territorio estadounidense sin autorización legal.


El reporte sugiere que, para el gobierno de Trump, las preocupaciones sobre los efectos políticos prevalecieron sobre las advertencias respecto a la seguridad nacional hechas por diplomáticos estadounidenses de alto rango.


La aparente inyección de política electoral en lo que se suponía era una decisión humanitaria para los migrantes de algunos de los países más pobres y violentos del Hemisferio Occidental vino del personal de planeación de políticas del entonces secretario de Estado Rex Tillerson, un grupo compuesto por personal de libre designación. Eso contrasta con las recomendaciones de las embajadas de Estados Unidos en los países afectados —El Salvador, Honduras y Haití— así como de los diplomáticos de carrera de mayor rango entonces del Departamento de Estado, en ese momento bajo las órdenes del secretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon.


Él argumentó sin éxito que retirarle a los migrantes el llamado estatus de protección temporal, o TPS, desestabilizaría a la región y afectaría la posición de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe.

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